El Gobierno está dispuesto a reclamar a la Iglesia Católica "los bienes de dominio público" inscritos a su nombre amparándose en una la Ley Hipotecaria franquista y en la posterior reforma del Gobierno de José María Aznar de 1998. Esa ley, reformada en 2015, daba a los obispos la misma categoría que un notario y le ha permitido durante años registrar una propiedad sólo con decir que era suya. El caso más conocido es el de la Mezquita de Cór doba que el obispado de la ciudad puso a su nombre en el año 2006 pagando una tasa de 30 euros.
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